Ley 20/2013 de unidad de mercado

1. Fundamento, objeto y ámbito

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM) desarrolla el principio de unidad de mercado del art. 139 CE: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio, y ninguna autoridad puede adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. También se apoya en las competencias estatales del art. 149.1.1.ª y 13.ª CE.

Objeto (art. 1)

• Hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional: garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance mediante el libre acceso, ejercicio y expansión de las actividades económicas, con su adecuada supervisión (art. 1.1).
• La unidad de mercado se fundamenta en (art. 1.2):
  1. la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos;
  2. la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente;
  3. la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.

Ámbito (art. 2)

Se aplica al acceso a actividades económicas que se prestan en condiciones de mercado y a su ejercicio por operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. Quedan excluidas las materias del ámbito tributario (art. 2.2).

Estructura

2. Principios de garantía de las libertades (arts. 3 a 9)

1. No discriminación (art. 3): todos los operadores tienen los mismos derechos en todo el territorio y ante todas las autoridades, sin discriminación por razón del lugar de residencia o establecimiento. Ninguna disposición, actuación o norma de calidad podrá contener requisitos con ese efecto directo o indirecto.
2. Cooperación y confianza mutua (art. 4): las autoridades cooperan en el marco de los instrumentos del capítulo III y actúan con confianza mutua, reconociendo las actuaciones de las demás. Cuando distintas normas fijen un estándar de protección equivalente, deben velar por que el operador establecido en cualquier parte pueda actuar en todo el territorio.
3. Necesidad y proporcionalidad (art. 5): los límites o requisitos de acceso o ejercicio deben motivarse en una razón imperiosa de interés general de las del art. 3.11 de la Ley 17/2009 (ley paraguas de servicios); deben guardar relación con ella y ser proporcionados, de modo que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador. En las profesiones reguladas, la proporcionalidad se evalúa conforme al Real Decreto 472/2021 (test de proporcionalidad de la Directiva (UE) 2018/958).
4. Eficacia en todo el territorio nacional (art. 6): anulado por la STC 110/2017. El TC rechazó el sistema de «licencia única» por el que la autorización del lugar de origen valía en todo el territorio.
5. Simplificación de cargas (art. 7): la intervención de varias autoridades no debe generar exceso de regulación, duplicidades ni más cargas que las que generaría una sola autoridad.
6. Transparencia (art. 8): actuación transparente para detectar pronto obstáculos y accesibilidad de las disposiciones y actos conforme a la Ley 19/2013.

Todas las autoridades velan por estos principios (art. 9.1), en particular en las disposiciones generales que regulen actividades económicas, las autorizaciones, licencias y concesiones, la documentación de los contratos públicos (pliegos y cláusulas), los actos de aplicación, los estándares de calidad y cualquier otro acto que afecte a los operadores (art. 9.2).