Estabilidad presupuestaria y reglas fiscales

1. Marco: art. 135 CE y Ley Orgánica 2/2012

La reforma del art. 135 CE de 27 de septiembre de 2011 consagró el principio de estabilidad presupuestaria y remitió a una ley orgánica su desarrollo. Esa ley es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que derogó la LO 5/2001 y el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007 (disposición derogatoria única).

Objeto (art. 1): establecer los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que debe adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo; y los procedimientos para aplicarlos (límites de déficit y deuda, supuestos excepcionales, corrección de desviaciones y responsabilidad por incumplimiento).

Estructura

Ámbito subjetivo (art. 2)

1. El sector Administraciones Públicas según el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), con cuatro subsectores: Administración central (Estado y organismos de la administración central), Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de Seguridad Social.
2. El resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes, que solo quedan sujetos a las normas que se refieran específicamente a ellos.

2. Los principios generales (arts. 3 a 9)

El Capítulo II contiene siete principios: los cuatro de la legislación anterior (estabilidad, plurianualidad, transparencia y eficiencia) más tres nuevos (sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad institucional).

• Estabilidad presupuestaria (art. 3): la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos se hará en un marco de estabilidad coherente con la normativa europea. Para las AAPP es la situación de equilibrio o superávit estructural (art. 3.2); para las entidades del art. 2.2, la posición de equilibrio financiero (art. 3.3).
• Sostenibilidad financiera (art. 4): capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. Hay sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a proveedores no supera el plazo máximo de la normativa de morosidad (art. 4.2). Las operaciones financieras se someten al principio de prudencia financiera (art. 4.3).
• Plurianualidad (art. 5): los presupuestos se encuadran en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad de aprobación y ejecución.
• Transparencia (art. 6): la contabilidad, los presupuestos y las liquidaciones deben permitir verificar la situación financiera y el cumplimiento de los objetivos; los presupuestos y cuentas integran información de todas las entidades. Corresponde al Ministerio de Hacienda proveer la disponibilidad pública de la información (art. 6.2), y son públicas también las previsiones, la metodología y los supuestos de la planificación presupuestaria (art. 6.3).
• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (art. 7): gestión orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad; las normas, actos, contratos y convenios que afecten a gastos o ingresos deben valorar sus repercusiones y supeditarse a la estabilidad y la sostenibilidad (art. 7.3).
• Responsabilidad (art. 8): la Administración que incumpla, o provoque el incumplimiento de los compromisos de España con la UE, asume en la parte que le sea imputable las responsabilidades derivadas, previa audiencia. Cláusula de no corresponsabilidad (no bail-out): el Estado no asume ni responde de los compromisos de CCAA, Corporaciones Locales y entes dependientes, y las CCAA no responden de los de las Corporaciones Locales, salvo garantías mutuas para proyectos específicos (art. 8.2).
• Lealtad institucional (art. 9): valorar el impacto de las propias actuaciones en otras Administraciones, respetar sus competencias, ponderar todos los intereses públicos, facilitar información y prestar cooperación y asistencia.

Corresponde al Gobierno velar por la aplicación de los principios en todo el ámbito subjetivo, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y respetando la autonomía financiera de CCAA y entidades locales (art. 10.2).