Prevención de riesgos en la Policía

1. El marco normativo

La prevención de riesgos laborales (PRL) en España descansa en:

• El art. 40.2 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
• La Directiva 89/391/CEE (directiva marco), que admite excepciones para actividades como las Fuerzas Armadas o la Policía, pero exige proteger su salud en la medida de lo posible.
• La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que es la ley general.
• Su desarrollo reglamentario, con el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), a la cabeza.
• Las normas de adaptación a sectores concretos:
  • RD 67/2010: Administración General del Estado.
  • RD 2/2006: Cuerpo Nacional de Policía.
  • RD 179/2005: Guardia Civil.

La LPRL no se aplica a las actividades cuyas particularidades lo impidan en las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero, en los servicios operativos de protección civil en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, y en las Fuerzas Armadas (art. 3.2 LPRL). Aun así, la ley inspira la normativa específica de esos colectivos. El RD 2/2006 cumple ese papel en la Policía Nacional.

2. El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997)

Integración de la prevención y plan de prevención

• La prevención debe integrarse en el sistema general de gestión de la empresa:
  • en todas sus actividades: procesos técnicos, organización del trabajo y condiciones en que se presta;
  • en todos sus niveles jerárquicos: cada uno debe incluir la prevención en cualquier actividad que realice u ordene (art. 1).
• La herramienta de integración es el Plan de prevención de riesgos laborales (art. 2):
  • Lo aprueba la dirección, lo asume toda la estructura y lo conocen todos los trabajadores.
  • Consta en un documento a disposición de la autoridad laboral, las autoridades sanitarias y los representantes de los trabajadores.
• Los instrumentos esenciales del plan son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Evaluación de riesgos

• Qué es: el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, para que el empresario decida si hay que adoptar medidas preventivas y de qué tipo (art. 3).
• Qué medidas puede pedir:
  • Eliminar o reducir el riesgo: prevención en origen, medidas organizativas, protección colectiva, protección individual, formación e información.
  • Controlar periódicamente las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores.
• Consulta: el empresario debe consultar a los representantes de los trabajadores sobre el procedimiento de evaluación.
• Evaluación inicial (art. 4): se extiende a cada puesto de trabajo en que concurran riesgos. Tiene en cuenta:
  • las condiciones de trabajo;
  • los trabajadores especialmente sensibles;
  • en particular, las trabajadoras embarazadas o en lactancia.
• Revisión (art. 6):
  • cuando lo establezca una norma específica;
  • cuando se detecten daños a la salud o se aprecie que las actividades preventivas son inadecuadas o insuficientes;
  • con la periodicidad que se acuerde con los representantes de los trabajadores.

Planificación de la actividad preventiva

• Si la evaluación revela riesgos, el empresario planifica la actividad preventiva para eliminarlos o controlarlos y reducirlos (art. 8).
• El orden de prioridades depende de su magnitud y del número de trabajadores expuestos.
• La planificación incluye (art. 9):
  • los medios humanos y materiales y los recursos económicos;
  • las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud;
  • la información y formación.
• Se hace para un período determinado; si supera un año, debe haber un programa anual de actividades.

Modalidades de organización preventiva (art. 10)

El empresario organiza los recursos preventivos con alguna de estas modalidades:

a) Asumiendo personalmente la actividad preventiva (art. 11):

• Solo en empresas de hasta 10 trabajadores, o de hasta 25 con un único centro de trabajo.
• La empresa no puede realizar actividades peligrosas del anexo I.
• El empresario debe trabajar habitualmente en el centro y tener la capacidad necesaria.
• La vigilancia de la salud nunca puede asumirla el empresario. b) Designando a uno o varios trabajadores (arts. 12-13). c) Constituyendo un servicio de prevención propio (arts. 14-15). Es obligatorio en estos casos:
• empresas de más de 500 trabajadores;
• empresas de entre 250 y 500 que realicen actividades del anexo I;
• cuando lo decida la autoridad laboral por la peligrosidad o la siniestralidad.

Sus integrantes se dedican en exclusiva al servicio, que debe contar como mínimo con dos de las especialidades preventivas. d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno: una entidad especializada que concierta con la empresa.

Los servicios de prevención tienen carácter interdisciplinario: combinan de forma coordinada dos o más disciplinas.

Niveles de cualificación (arts. 34-37)

• Nivel básico:
  • Funciones: promover comportamientos seguros, orden, limpieza y señalización, evaluaciones elementales y primeros auxilios.
  • Formación: mínimo 50 horas en actividades del anexo I y 30 horas en las demás.
• Nivel intermedio:
  • Funciones: evaluaciones de riesgos no reservadas al nivel superior, formación básica y dirección de las actuaciones de emergencia.
  • Formación: mínimo 300 horas.
• Nivel superior:
  • Funciones: evaluaciones que exijan una estrategia de medición o una interpretación no mecánica, planificación compleja y vigilancia de la salud.
  • Requisitos: titulación universitaria y formación mínima de 600 horas.
  • Especialidades: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.