Política ambiental y biodiversidad

1. La política ambiental y su base constitucional

La política ambiental es el conjunto de actuaciones públicas dirigidas a proteger y restaurar el medio ambiente y a usar de forma racional los recursos naturales. En España se construye sobre tres niveles: el Derecho de la Unión Europea (que fija la mayor parte de los estándares: Directivas de Hábitats y de Aves, evaluación ambiental, emisiones, Pacto Verde), la legislación básica estatal y el desarrollo y la gestión autonómicos, con funciones relevantes de los municipios.

El artículo 45 CE

• Derecho y deber: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo (art. 45.1 CE).
• Mandato a los poderes públicos: velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva (art. 45.2 CE).
• Responsabilidad: para quienes lo violen, la ley establecerá sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño (art. 45.3 CE).

Es un principio rector de la política social y económica (capítulo III del Título I): informa la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo puede alegarse ante los tribunales de acuerdo con las leyes que lo desarrollen (art. 53.3 CE). No es un derecho fundamental protegido por el recurso de amparo.

2. Distribución de competencias en medio ambiente

Reparto constitucional

Otros títulos estatales que inciden: aguas que discurran por más de una CA (149.1.22.ª), bases de la planificación económica (149.1.13.ª), pesca marítima (149.1.19.ª), régimen energético y minero (149.1.25.ª), relaciones internacionales (149.1.3.ª).

Rasgos del reparto (doctrina constitucional)

• La legislación básica estatal fija un mínimo común normativo de protección en todo el territorio. Las CCAA pueden elevar ese nivel con normas adicionales de protección, pero no rebajarlo.
• La gestión (autorizaciones, inspección, sanción, declaración y gestión de espacios) corresponde, como regla, a las CCAA. El Estado puede ejecutar excepcionalmente cuando la actuación tiene alcance supraautonómico y no puede fraccionarse.
• En el medio marino, el Estado ejerce las funciones de conservación de la biodiversidad salvo que haya continuidad ecológica con un espacio terrestre protegido avalada por la mejor evidencia científica (art. 6 Ley 42/2007).
• Los Parques Nacionales se rigen por su legislación específica (art. 31.2 Ley 42/2007, hoy la Ley 30/2014, de Parques Nacionales): se declaran por ley de las Cortes Generales, y su gestión ordinaria corresponde a las CCAA donde están situados (arts. 8.1 y 21.1 Ley 30/2014).

Órganos de cooperación y participación (Ley 42/2007)

• Conferencia Sectorial de Medio Ambiente: aprueba estrategias y directrices.
• Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad: órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las CCAA; sus informes o propuestas se someten a la Conferencia Sectorial (art. 7.2).
• Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad: órgano de participación pública. Informa las normas y planes estatales; las CCAA y las entidades locales se integran con voz pero sin voto (art. 8).