Patrimonio de las Administraciones públicas

1. Marco constitucional y legal

El art. 132 CE fija las bases del régimen patrimonial público:

• La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación (art. 132.1 CE).
• Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental (art. 132.2 CE).
• Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional (art. 132.3 CE).

Las leyes que lo desarrollan son la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y, para las entidades locales, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), arts. 79 a 83.

2. Concepto y clasificación del patrimonio (arts. 3 a 8 LPAP)

Concepto

El patrimonio de las Administraciones públicas es el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y título de adquisición (art. 3.1). No forman parte de él el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de su hacienda (art. 3.2).

Clasificación (art. 4)

Por su régimen jurídico, los bienes y derechos son de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.

Bienes de dominio público (art. 5)

• Son demaniales los de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público, y aquellos a los que una ley otorgue expresamente ese carácter (art. 5.1).
• Son dominio público estatal, en todo caso, los del art. 132.2 CE (art. 5.2).
• Los inmuebles de la AGE y sus organismos en los que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales son siempre dominio público (art. 5.3).
• Se rigen por sus leyes especiales y, en su defecto, por la LPAP; supletoriamente, por el Derecho administrativo y, en último término, por el Derecho privado (art. 5.4).

Principios del dominio público (art. 6): a) inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad; b) adecuación y suficiencia para su destino; c) aplicación efectiva al uso general o al servicio público; d) dedicación preferente al uso común frente al privativo; e) ejercicio diligente de las prerrogativas; f) identificación y control mediante inventarios; g) cooperación entre Administraciones.

Bienes patrimoniales (art. 7)

• Son los de titularidad pública que no tienen carácter demanial (art. 7.1).
• Son siempre patrimoniales de la AGE y sus organismos los derechos de arrendamiento, las acciones y participaciones en sociedades mercantiles, las obligaciones emitidas por estas y determinados contratos de futuros y opciones (art. 7.2).
• Se rigen por la LPAP; supletoriamente, por el Derecho administrativo en materia de competencia y procedimiento, y por el Derecho privado en lo demás (art. 7.3).

Principios de los bienes patrimoniales (art. 8.1): a) eficiencia y economía; b) eficacia y rentabilidad en la explotación; c) publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad; d) identificación y control mediante inventarios; e) colaboración entre Administraciones. Su gestión debe contribuir a las políticas públicas y, en particular, a la política de vivienda (art. 8.2).