Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo

Cómo usar este tema. Es el más largo del bloque. Este resumen da prioridad a lo que más se pregunta en los exámenes: plazos, silencio, fases del procedimiento, revisión de oficio y recursos. Del contencioso-administrativo se recoge solo lo que pide el epígrafe: actividad impugnable, partes y plazo para recurrir.

1. Las dos leyes y los interesados

La Ley 39/2015 (LPAC) regula la validez y eficacia de los actos, el procedimiento administrativo común (incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 1 LPAC). La Ley 40/2015 (LRJSP) regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones, los principios de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora, y la organización de la AGE y de su sector público institucional (art. 1 LRJSP).

Capacidad de obrar (art. 3 LPAC): las personas con capacidad según las normas civiles; los menores para los derechos cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y, si una ley lo declara, grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios autónomos.

Interesados (art. 4.1 LPAC):

• a) Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos.
• b) Quienes, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados.
• c) Quienes tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados y se personen mientras no haya resolución definitiva.

2. Obligación de resolver, plazos y silencio

Obligación de resolver. La Administración debe dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos (art. 21.1). El plazo máximo lo fija la norma del procedimiento y no puede exceder de seis meses, salvo que una ley o el Derecho de la UE prevea otro mayor (art. 21.2). Si la norma no fija plazo, es de tres meses (art. 21.3). Se cuenta desde el acuerdo de iniciación (de oficio) o desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente (a solicitud).

Silencio en procedimientos a solicitud del interesado (art. 24):

• Regla general: silencio estimatorio, salvo que una ley, una norma de la UE o de Derecho internacional diga lo contrario.
• Desestimatorio en: derecho de petición (art. 29 CE); transferencia de facultades sobre el dominio público o el servicio público; actividades que puedan dañar el medio ambiente; responsabilidad patrimonial; impugnación de actos y disposiciones; y revisión de oficio a solicitud del interesado.
• Excepción: si se interpone alzada contra una desestimación por silencio y tampoco se resuelve en plazo, el recurso se entiende estimado (salvo en las materias anteriores).
• La estimación por silencio es un verdadero acto administrativo; la desestimación solo permite recurrir (art. 24.2). Tras un silencio estimatorio, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; tras uno desestimatorio, la Administración resuelve sin vinculación al sentido del silencio (art. 24.3).
• El certificado de silencio se expide de oficio en quince días desde que vence el plazo para resolver (art. 24.4).

Procedimientos iniciados de oficio (art. 25): si podían derivar derechos o situaciones favorables, los interesados pueden entenderlos desestimados; si eran sancionadores o de gravamen, se produce la caducidad.

Cómputo de plazos (art. 30):

Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente (art. 30.5). Si un día es hábil donde reside el interesado e inhábil en la sede del órgano, o al revés, se considera inhábil (art. 30.6).

Notificación: debe cursarse en diez días desde que se dicta el acto e incluir el texto íntegro, si pone fin a la vía administrativa, los recursos, el órgano y el plazo (art. 40.2). La notificación electrónica se entiende rechazada si pasan diez días naturales sin acceder a su contenido (art. 43.2). Los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que se disponga otra cosa (art. 39.1).