Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno

1. Objeto, estructura y entrada en vigor

Objeto

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene un triple objeto (art. 1):

1. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
2. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad.
3. Establecer las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos y las consecuencias de su incumplimiento.

Desarrolla el art. 105.b) de la Constitución, que remite a la ley el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (art. 12 Ley 19/2013).

Estructura

Entrada en vigor (disposición final novena)

Se publicó en el BOE el 10 de diciembre de 2013. La entrada en vigor fue escalonada:

• El Título II (buen gobierno) entró en vigor al día siguiente de su publicación.
• El Título preliminar, el Título I y el Título III entraron en vigor al año de su publicación.
• Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tuvieron un plazo máximo de dos años para adaptarse.

2. Ámbito subjetivo (arts. 2 a 4)

Sujetos del artículo 2

El Título I se aplica a:

• La AGE, las Administraciones de las CCAA y de Ceuta y Melilla y las entidades de la Administración Local.
• Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras.
• Los organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y entidades de Derecho Público, incluidas las Universidades públicas.
• Las corporaciones de Derecho Público, en lo sujeto a Derecho Administrativo.
• La Casa de S.M. el Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social, y sus análogos autonómicos, solo en sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (art. 2.1.f).
• Las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 %, las fundaciones del sector público y las asociaciones constituidas por estas entidades.

Se consideran Administraciones Públicas las entidades de las letras a) a d) (art. 2.2).

Otros sujetos obligados (art. 3)

Deben cumplir la publicidad activa (no el resto del Título I):

• Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
• Las entidades privadas que en un año reciban ayudas o subvenciones públicas de más de 100.000 euros, o cuando al menos el 40 % de sus ingresos anuales sean ayudas públicas, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros.

Además, quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y los adjudicatarios de contratos, deben suministrar información a la Administración a la que estén vinculados, previo requerimiento (art. 4).