Proceso monitorio y juicio cambiario

1. El proceso monitorio: presupuestos

El Libro IV, Título III de la LEC regula dos procesos especiales para el cobro rápido de deudas dinerarias: el monitorio (arts. 812-818) y el cambiario (arts. 819-827). Ambos invierten la carga de iniciativa: si el deudor no se opone, se pasa directamente a la ejecución.

Deudas reclamables (art. 812.1)

Deuda dineraria, de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, acreditada: 1.ª Mediante documentos de cualquier forma, clase o soporte firmados por el deudor o con su sello, impronta, marca u otra señal física o electrónica. 2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax u otros documentos que, aunque los haya creado unilateralmente el acreedor, sean los habituales para documentar créditos y deudas en esa relación.

Supuestos especiales (art. 812.2)

1.º Cuando junto al documento de la deuda se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera. 2.º Cuando la deuda se acredite con certificaciones de impago de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Competencia (art. 813)

Exclusivamente el tribunal de primera instancia (hoy, la Sección Civil del Tribunal de Instancia; el texto legal conserva «Juzgado de Primera Instancia») del domicilio o residencia del deudor o, si no se conocen, del lugar donde pueda ser hallado para el requerimiento. En las deudas de comunidades de propietarios, también, a elección del solicitante, el del lugar de la finca. No se aplican la sumisión expresa ni la tácita. Si las averiguaciones del LAJ sobre el domicilio son infructuosas o el deudor aparece en otro partido judicial, el juez dicta auto terminando el proceso y reservando al acreedor el derecho a instarlo ante el competente.

2. Tramitación del monitorio

Petición inicial (art. 814)

Contiene la identidad del deudor, los domicilios de acreedor y deudor, y el origen y cuantía de la deuda, con los documentos del art. 812. Puede presentarse en impreso o formulario (papel o sede electrónica). No es preciso procurador ni abogado.

Admisión y requerimiento (art. 815)

Si los documentos son del art. 812.2 o constituyen un principio de prueba, el LAJ requiere al deudor para que, en veinte días:

• pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o
• comparezca y se oponga en escrito fundado y motivado. Si no ve principio de prueba, da cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión.

El requerimiento se notifica por entrega (art. 161), con apercibimiento de ejecución. No se admite el requerimiento por edictos, salvo en las deudas de comunidades de propietarios: notificación en el domicilio designado por el deudor para los asuntos de la comunidad; en su defecto, en el piso o local, y si no es posible, por edictos (art. 164).

Control de la cuantía y de cláusulas abusivas (art. 815.3-4)

• Si de la documentación resulta que la cantidad no es correcta, el juez puede plantear por auto un requerimiento por importe inferior.
• Si la deuda se funda en un contrato entre empresario y consumidor y alguna cláusula puede ser abusiva, el LAJ da cuenta al juez antes del requerimiento; este puede proponer por auto un requerimiento excluyendo lo derivado de esa cláusula.
• El acreedor acepta o rechaza en diez días; el silencio equivale a aceptación. La aceptación no es renuncia: el resto se reclama en el declarativo. Si rechaza, se le tiene por desistido (auto apelable).

Conductas del deudor

Ejecución tras la incomparecencia (art. 816.2)

Sigue las reglas de la ejecución de sentencias. Ni acreedor ni deudor pueden reclamar después en un proceso ordinario la cantidad del monitorio o la devolución de lo obtenido. Desde el auto que despacha ejecución, la deuda devenga el interés de mora procesal del art. 576 (interés legal más dos puntos).

Oposición (art. 818)

• El escrito de oposición debe ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención sea preceptiva por razón de la cuantía.
• Si se funda en pluspetición, se actúa respecto de la cantidad reconocida como debida (art. 21.2).
• Cuantía propia del verbal (hasta 15.000 euros): decreto del LAJ que termina el monitorio y sigue por el verbal; el actor puede impugnar la oposición por escrito en diez días; luego, cinco días para proponer prueba y se continúa por el art. 438.9 y siguientes.
• Cuantía superior: el peticionario debe presentar demanda de juicio ordinario en un mes desde el traslado de la oposición; si no lo hace, decreto de sobreseimiento con condena en costas al acreedor.
• Rentas de arrendamiento urbano: si el arrendatario se opone, siempre por el verbal, cualquiera que sea la cuantía (art. 818.3).