Ley 20/2011 del Registro Civil: principios

1. La Ley 20/2011 y su contexto

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil sustituyó a la Ley de 1957 y está plenamente en vigor desde el 30 de abril de 2021, tras la reforma de la Ley 6/2021. Su gran cambio es el paso de un registro de libros organizado por territorios (Registros Municipales y Juzgados de Paz) a un registro único, electrónico y organizado en torno a la persona: cada persona tiene un registro individual con un código personal.

Esta materia cubre los Títulos I a III (arts. 1-26): naturaleza y contenido, hechos inscribibles, derechos y deberes, principios y estructura (oficinas y centro directivo). Las inscripciones concretas (nacimiento, matrimonio, defunción) y la publicidad y los expedientes se estudian en las otras dos materias del Registro Civil.

Terminología: la ley sigue hablando en varios artículos de la «Dirección General de los Registros y del Notariado» (DGRN); hoy ese centro directivo es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), denominación que ya usa el art. 22 en su redacción de 2021.

2. Naturaleza, contenido y competencias (arts. 1-10)

Objeto (art. 1)

La ley regula la organización, dirección y funcionamiento del Registro Civil, el acceso de los hechos y actos, y la publicidad y efectos de su contenido.

Naturaleza (art. 2)

• Es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia; todos sus asuntos están encomendados a la DGRN (hoy DGSJFP). Los Encargados deben cumplir las órdenes, instrucciones, resoluciones y circulares del Ministerio y de la Dirección General (art. 2.1).
• Objeto: hacer constar oficialmente los hechos y actos referidos al estado civil y los demás que determine la ley (art. 2.2).
• Contenido: el conjunto de registros individuales de las personas físicas y las demás inscripciones (art. 2.3).

Elementos definitorios (art. 3)

• Único para toda España (art. 3.1).
• Electrónico: los datos se integran en una base de datos única cuya estructura y funcionamiento compete al Ministerio de Justicia (art. 3.2).
• Sujeto a las medidas de seguridad de protección de datos (art. 3.3).

Hechos y actos inscribibles (art. 4)

Tienen acceso los relativos a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona:

1. Nacimiento.
2. Filiación.
3. Nombre y apellidos y sus cambios.
4. Sexo y cambio de sexo.
5. Nacionalidad y vecindad civil.
6. Emancipación y beneficio de la mayor edad.
7. Matrimonio, separación, nulidad y divorcio.
8. Régimen económico matrimonial legal o pactado.
9. Relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.
10. Poderes y mandatos preventivos, propuesta de nombramiento de curador y medidas de apoyo voluntarias.
11. Resoluciones judiciales de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
12. Constitución y régimen del patrimonio protegido de personas con discapacidad.
13. Tutela del menor y defensa judicial del menor emancipado.
14. Concurso de personas físicas y la intervención o suspensión de sus facultades.
15. Declaraciones de ausencia y fallecimiento.
16. Defunción.

Los números 10 a 16 proceden de la Ley 8/2021 (reforma de la discapacidad), en vigor desde el 3 de septiembre de 2021; por eso ya no se habla de «incapacitación» ni de «tutela de mayores».

Registro individual y código personal (arts. 5-6)

• Cada persona tiene un registro individual, que se abre con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique (art. 5.2), y en el que se inscriben o anotan los hechos de forma continuada, sucesiva y cronológica (art. 5.3).
• A cada registro individual se le asigna un código personal: secuencia alfanumérica generada por el Registro Civil, única e invariable en el tiempo (art. 6, redacción Ley 6/2021).

Firma electrónica y comunicaciones (arts. 7-8)

• Los Encargados firman los asientos con firma electrónica avanzada mediante certificado cualificado; las certificaciones electrónicas se sellan directamente por el sistema con sello electrónico avanzado (art. 7.1). Los ciudadanos pueden identificarse con los sistemas del art. 9 de la Ley 39/2015 (art. 7.3).
• Las Oficinas se comunican entre sí por medios electrónicos, y todas las Administraciones y funcionarios acceden a los datos en el ejercicio de sus competencias, salvo los datos especialmente protegidos (art. 8).

Competencia (arts. 9-10)

• Constan los hechos y actos que afecten a españoles y los de extranjeros acaecidos en España; y los ocurridos fuera de España cuando lo exija el Derecho español (art. 9).
• La inscripción puede solicitarse y practicarse en cualquier Oficina General, sea cual sea el lugar del hecho. Si el hecho ocurre en el extranjero, en la Oficina Consular de la circunscripción o en cualquier Oficina General (art. 10.1).
• La información puede pedirse en cualquier Oficina o por medios electrónicos (art. 10.2).