Sistema Nacional de Protección Civil

1. Disposiciones generales (título I)

Concepto y objeto (art. 1)

• Concepto: la protección civil es un instrumento de la política de seguridad pública. Es el servicio público que protege a las personas y bienes ante emergencias y catástrofes de origen natural o humano, sea accidental o intencionado.
• Objeto de la Ley 17/2015, de 9 de julio:
  • establecer el Sistema Nacional de Protección Civil, instrumento esencial para la coordinación, cohesión y eficacia de las políticas públicas;
  • regular las competencias de la AGE en la materia.

Definiciones (art. 2)

• Peligro: potencial de ocasionar daño a personas o bienes.
• Vulnerabilidad: característica que hace a personas o bienes susceptibles de ser afectados por un peligro.
• Amenaza: situación de exposición a un peligro inminente o latente.
• Riesgo: posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a personas o bienes.
• Emergencia de protección civil: situación de riesgo colectivo sobrevenida que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida para evitar que se convierta en catástrofe. También se llama emergencia extraordinaria, frente a la ordinaria, que no tiene afectación colectiva.
• Catástrofe: situación que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad por causar muchas víctimas y daños, y cuya atención supera los medios disponibles de esa comunidad.
• Servicios esenciales: los necesarios para las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar y el funcionamiento de las instituciones.

El Sistema Nacional (art. 3)

Integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones públicas mediante estas actuaciones:

• a) prever los riesgos;
• b) planificar los medios;
• c) intervenir en la respuesta inmediata;
• d) adoptar medidas de recuperación;
• e) coordinar, seguir y evaluar el Sistema.

Principios: colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

La Estrategia (art. 4)

• Estrategia del Sistema Nacional: el Consejo Nacional de Protección Civil aprueba sus líneas básicas. Se revisa al menos cada cuatro años.
• Estrategia Nacional de Protección Civil: integra las actuaciones de la AGE. La aprueba el Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior.

Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 5-7 quáter)

• Protección (art. 5): todos los residentes tienen derecho a ser atendidos en caso de catástrofe, y la atención debe ser equivalente cualquiera que sea su lugar de residencia. Las víctimas deben identificarse lo antes posible.
• Información (art. 6): derecho a ser informados de los riesgos y de las conductas a seguir, tanto en la emergencia como preventivamente.
• Participación (art. 7): en la elaboración de normas y planes, y a través de entidades de voluntariado.
• Deber de colaboración (art. 7 bis), según el art. 30.4 CE:
  • en emergencias, toda persona mayor de edad está obligada a las prestaciones personales que exija la autoridad, sin derecho a indemnización;
  • las autoridades pueden acordar la requisa temporal de bienes, su ocupación o la suspensión de actividades. Estos perjuicios sí se indemnizan;
  • las medidas restrictivas duran solo el tiempo estrictamente necesario;
  • los medios de comunicación deben colaborar gratuitamente en la difusión de avisos;
  • las empresas con actividades de riesgo deben informar a la población e instalar a su cargo los sistemas de alarma.
• Cautela y autoprotección (art. 7 ter): los ciudadanos deben evitar generar riesgos y exponerse a ellos, y seguir las indicaciones de los servicios públicos.
• Voluntariado (art. 7 quáter):
  • colabora a través de entidades de voluntariado, sin relación de empleo con la Administración;
  • los radioaficionados pueden complementar las comunicaciones de emergencia.

2. Actuaciones del Sistema (título II)

Anticipación (arts. 8-9)

• Concepto: determinar los riesgos de un territorio a partir de la vulnerabilidad y las amenazas.
• Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Contiene:
  • el Mapa Nacional de Riesgos;
  • los catálogos de actividades que pueden originar emergencias;
  • el registro de planes;
  • los catálogos de recursos movilizables;
  • el Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes.

Prevención (arts. 10-12)

• Concepto: medidas para evitar o mitigar los impactos de los riesgos.
• Actividades catalogadas: requieren un estudio técnico previo sobre sus efectos en los riesgos.
• Educación: los planes incluyen programas de información preventiva. Hay un plan de formación obligatorio en los centros educativos no universitarios.
• Fondo de Prevención de Emergencias: lo gestiona el Ministerio del Interior y financia análisis de riesgos, mapas y programas de sensibilización y educación.
• Red de Alerta Nacional:
  • es el sistema de comunicación de avisos de emergencia;
  • la gestiona el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM);
  • todos los organismos que detecten una amenaza deben comunicarla de inmediato al Centro.

Planificación (arts. 13-15)

• Norma Básica de Protección Civil: se aprueba por real decreto, a propuesta del Ministro del Interior y previo informe del Consejo Nacional. Fija las directrices y el contenido mínimo de los planes.
• Planes de Protección Civil: prevén el marco orgánico-funcional y la movilización de recursos. Son de cuatro tipos:
  • Plan Estatal General: organiza el apoyo de la AGE a otras Administraciones y la dirección de las emergencias de interés nacional. Lo aprueba el Gobierno a propuesta del Ministro del Interior;
  • Planes Territoriales: de ámbito autonómico o local, aprobados por la Administración competente;
  • Planes Especiales: para riesgos concretos: inundaciones, terremotos, maremotos, volcanes, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas, accidentes de aviación civil, transporte de mercancías peligrosas y conflicto bélico. Los de riesgo nuclear y conflicto bélico son siempre estatales;
  • Planes de Autoprotección: los de centros, establecimientos e instalaciones.
• Informe del Consejo Nacional: los planes estatales y autonómicos (General, Territoriales y Especiales) los informa el Consejo Nacional de Protección Civil.

Respuesta inmediata (arts. 16-19)

• Concepto: actuación de los servicios de intervención tras una emergencia para evitar daños, rescatar, proteger y cubrir las necesidades básicas, incluida la atención sanitaria, psicológica y social.
• Servicios públicos de intervención y asistencia (art. 17):
  • los servicios técnicos de protección civil;
  • bomberos y extinción de incendios forestales;
  • las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
  • los servicios sanitarios de emergencia;
  • las Fuerzas Armadas y en especial la UME;
  • los centros autonómicos de coordinación de emergencias;
  • los agentes medioambientales, los servicios de rescate y los equipos de identificación de víctimas.
• Voluntarios: actúan subordinados a los servicios públicos.
• CENEM (art. 18):
  • gestiona las Redes de Información y de Alerta;
  • actúa como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés nacional;
  • es el punto de contacto con el Mecanismo de Protección Civil de la UE;
  • se encuadra en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
• Recursos del Estado (art. 19):
  • intervención: los miembros de las FCSE o de las FAS que intervienen actúan encuadrados y a las órdenes de sus mandos naturales, dirigidos por la autoridad del plan;
  • responsabilidad por daños: corresponde a la Administración que dirige la emergencia.

Recuperación (arts. 20-25)

• Concepto: acciones para restablecer la normalidad tras la respuesta inmediata. Las ayudas no tienen carácter indemnizatorio.
• Daños materiales: deben ser ciertos, evaluables y referidos a bienes asegurables. Las ayudas son compatibles con otras, pero en conjunto no pueden superar el valor del daño.
• Daños personales: dan derecho a ayudas por fallecimiento e incapacidad absoluta y permanente.
• Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (la antigua «zona catastrófica»):
  • la declara el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda e Interior;
  • permite ayudas a particulares, empresas y entidades locales;
  • permite medidas fiscales (exención del IBI, reducción del IAE);
  • permite medidas laborales (fuerza mayor, moratoria de cuotas);
  • se crea una Comisión de Coordinación para su seguimiento.

Evaluación e inspección (arts. 26-27)

El Gobierno eleva al Senado una memoria anual del Sistema Nacional.

Emergencias de interés nacional (arts. 28-30)

• Supuestos:
  1. las que requieren aplicar la LO 4/1981 (estados de alarma, excepción y sitio);
  2. las que afectan a varias comunidades autónomas y exigen recursos supraautonómicos;
  3. las que por sus dimensiones requieren una dirección nacional.
• Declaración: corresponde al Ministro del Interior, por iniciativa propia (previa comunicación con la comunidad afectada) o a instancia de las comunidades autónomas o de los Delegados del Gobierno.
• Efectos: el Ministro del Interior asume la dirección y coordina todos los recursos estatales, autonómicos y locales.