Eficiencia energética en la UE

1. Marco normativo: de la Directiva 2012/27/UE a la Directiva (UE) 2023/1791

La eficiencia energética es uno de los pilares de la política energética y climática de la Unión Europea. Se regula en dos directivas sucesivas.

La Directiva 2012/27/UE

• Fecha: de 25 de octubre de 2012, publicada en el DOUE L 315.
• Normas que derogó: las Directivas 2004/8/CE (cogeneración) y 2006/32/CE (servicios energéticos).
• Objetivo principal: un 20 % de eficiencia energética en 2020, dentro del paquete «20-20-20».
• Medidas que introdujo:
  • la renovación anual del 3 % de la superficie de los edificios de la Administración central con calefacción o refrigeración;
  • una obligación de ahorro anual del 1,5 % de las ventas de energía a clientes finales;
  • auditorías energéticas obligatorias para las grandes empresas cada cuatro años.
• Reforma: la modificó la Directiva (UE) 2018/2002, que fijó un objetivo del 32,5 % para 2030.

La Directiva (UE) 2023/1791

• Fecha: de 13 de septiembre de 2023, publicada en el DOUE L 231.
• Naturaleza: es una refundición que forma parte del paquete «Objetivo 55» (Fit for 55).
• Derogación de la anterior: deroga la Directiva 2012/27/UE con efectos a partir del 12 de octubre de 2025 (art. 38).
• Transposición: el plazo general terminó el 11 de octubre de 2025 (art. 36). Las referencias a la directiva derogada se entienden hechas a la nueva, según una tabla de correspondencias.

2. Objeto, ámbito y definiciones (capítulo I)

Objeto y ámbito (art. 1)

• Marco común: la Directiva establece un marco común de medidas para fomentar la eficiencia energética en la Unión y alcanzar sus objetivos.
• Finalidades:
  • contribuir a la neutralidad climática (Reglamento (UE) 2021/1119, Ley Europea del Clima);
  • mejorar la seguridad del abastecimiento, reduciendo la dependencia de las importaciones de energía, incluidos los combustibles fósiles.
• Contenido:
  • normas para aplicar la eficiencia con carácter prioritario en todos los sectores;
  • eliminar barreras del mercado;
  • fijar contribuciones indicativas nacionales para 2030.
• Requisitos mínimos: los Estados pueden mantener o introducir medidas más estrictas, compatibles con el Derecho de la Unión, y deben notificarlas a la Comisión.

Definiciones (art. 2)

• Eficiencia energética: relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía y el gasto de energía.
• Ahorro de energía: cantidad de energía ahorrada, determinada midiendo o estimando el consumo antes y después de aplicar una medida de mejora.
• Organismos públicos: las autoridades nacionales, regionales o locales y las entidades sin carácter industrial ni comercial financiadas y administradas directamente por ellas.
• Sistema de gestión de la energía: conjunto de elementos de una estrategia que fija un objetivo de eficiencia y un plan para alcanzarlo, con seguimiento del consumo real y medición de los avances.
• Auditoría energética: procedimiento sistemático para conocer el perfil de consumo de un edificio, instalación o servicio, y determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro rentables.
• Pobreza energética: situación en la que un hogar no puede acceder a los servicios energéticos esenciales, como calefacción, agua caliente, refrigeración o iluminación adecuadas.

El principio de «primero, la eficiencia energética» (art. 3)

• Regla: los Estados deben velar por que las soluciones de eficiencia energética se evalúen en las decisiones importantes de planificación, políticas e inversiones.
• Umbrales: decisiones de importe superior a 100 millones de euros cada una, o 175 millones en proyectos de infraestructura de transporte.
• Sectores afectados:
  • los sistemas energéticos;
  • los sectores no energéticos con impacto en el consumo, como la construcción, el transporte, el agua, las TIC, la agricultura y el sector financiero.
• Obligaciones de los Estados:
  • aplicar análisis de costes y beneficios que valoren todo el ciclo de vida;
  • abordar la pobreza energética;
  • designar entidades que supervisen la aplicación del principio.

Objetivos de eficiencia energética (art. 4)

• Objetivo de la Unión:
  • los Estados deben garantizar colectivamente una reducción del consumo de energía de al menos el 11,7 % en 2030, respecto de las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020;
  • de modo que el consumo de energía final de la Unión no supere 763 Mtep, objetivo vinculante;
  • y que el consumo de energía primaria no supere 992,5 Mtep, objetivo orientativo.
• Contribuciones nacionales:
  • cada Estado fija una contribución orientativa nacional basada en el consumo de energía final y la notifica en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC);
  • puede calcularla con la fórmula del anexo I, y no puede superarla en más de un 2,5 %;
  • si la contribución colectiva es insuficiente, la Comisión notifica a cada Estado una contribución corregida.