Ministerio Fiscal: funciones y organización

Para quién. Entra igual en Tramitación Procesal (C1) y Auxilio Judicial (C2) (tema 6, «Ministerio Fiscal: organización y funciones»). En Auxilio puede leerse por encima el detalle de las Fiscalías especializadas (punto 5). El acceso a la Carrera Fiscal (arts. 42 a 46 EOMF), que solo pide Tramitación, no está en esta materia.

1. Naturaleza y misión

En la Constitución (art. 124 CE)

• Misión: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados; velar por la independencia de los Tribunales; y procurar ante ellos la satisfacción del interés social (art. 124.1 CE y art. 1 EOMF).
• Actúa por órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y siempre con sujeción a los de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE).
• Su estatuto orgánico lo regula la ley (art. 124.3 CE): es la Ley 50/1981, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
• El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124.4 CE).

En el Estatuto (art. 2 EOMF)

• Es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial (art. 2.1).
• La denominación «Ministerio Fiscal» le corresponde con carácter exclusivo (art. 2.2).

2. Funciones (art. 3 EOMF)

El art. 3 enumera dieciséis funciones. Las más preguntadas:

1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente y en plazo (3.1).
2. Defender la independencia de jueces y tribunales (3.2).
3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales (3.3).
4. Ejercitar las acciones penales y civiles derivadas de delitos, salvo la competencia de la Fiscalía Europea en los delitos contra los intereses financieros de la Unión (3.4).
5. Intervenir en el proceso penal:
   • pedir medidas cautelares y diligencias;
   • instruir directamente el procedimiento de menores;
   • dar órdenes a la Policía Judicial (3.5).
6. Intervenir en los procesos sobre estado civil (3.6) y en los procesos civiles en que haya interés social o afecten a menores, incapaces o desvalidos (3.7).
7. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia: promover conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia (3.8).
8. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social (3.9).
9. Proteger a víctimas, testigos y peritos (3.10).
10. Intervenir en el amparo y en las cuestiones de inconstitucionalidad, e interponer el recurso de amparo (3.11 y 3.12).
11. Actuar ante el Tribunal de Cuentas y en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevean su intervención (3.14).
12. Promover o prestar el auxilio judicial internacional (3.15).

Forma de intervenir. Puede hacerlo por escrito o comparecencia, también por medios tecnológicos. En los procesos no penales interviene en último lugar, salvo que la ley disponga otra cosa o sea demandante (art. 3, párrafo final).

Facultades (art. 4)

• Pedir la notificación de cualquier resolución, información sobre el estado de los procedimientos y vista de ellos.
• Acceder a los registros oficiales no restringidos a control judicial.
• Visitar en cualquier momento los centros de detención, penitenciarios o de internamiento de su territorio.
• Requerir el auxilio de las autoridades.
• Dar órdenes a la Policía Judicial.
• Informar a la opinión pública, respetando el secreto del sumario.
• Crear centros de relación con las víctimas en las sedes de las Fiscalías Provinciales.

Los requeridos deben atenderle inexcusablemente dentro de los límites legales y comparecer ante él cuando lo disponga.

Denuncias y diligencias de investigación (art. 5)

• Denuncias: el Fiscal puede recibirlas y enviarlas al juez o archivarlas; si archiva, lo notifica al denunciante (art. 5.1).
• Diligencias: puede practicarlas u ordenarlas, pero no puede adoptar medidas cautelares ni limitativas de derechos, salvo la detención preventiva (art. 5.2).
  • Gozan de presunción de autenticidad.
  • El sospechoso declara asistido de letrado.
• Duración máxima: seis meses, prorrogable por decreto motivado del Fiscal General del Estado. En los asuntos de la Fiscalía Anticorrupción (art. 19.4) el máximo es de doce meses (art. 5.2).
• Si hay indicios de delito, judicializa el asunto con denuncia o querella (art. 5.3).