Ley 36/2011: el proceso laboral ordinario

1. Ubicación y terminología

La Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), regula en el Libro I, Títulos V y VI, la evitación del proceso (arts. 63 a 73) y los principios y deberes procesales (arts. 74 y 75). En el Libro II, Título I, regula el proceso ordinario (arts. 76 a 101), que incluye el monitorio.

Terminología. Donde la ley dice «secretario judicial» hay que leer Letrado o Letrada de la Administración de Justicia (LAJ). Desde la LO 1/2025, los Juzgados de lo Social se integran como Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia.

2. Evitación del proceso

Conciliación o mediación previas (arts. 63 a 68)

• Regla: es requisito previo para tramitar el proceso el intento de conciliación o mediación. Se hace ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano creado por acuerdos interprofesionales o convenios colectivos (art. 83 ET) o por acuerdos de interés profesional de los autónomos (art. 63).
• Excepciones (art. 64.1), entre otras:
  • los procesos que exijan agotar la vía administrativa;
  • Seguridad Social;
  • despido colectivo impugnado por los representantes;
  • vacaciones y materia electoral;
  • movilidad geográfica, modificación sustancial, suspensión y reducción de jornada por causas ETOP o fuerza mayor;
  • monitorio;
  • conciliación de la vida personal, familiar y laboral (art. 139);
  • los procesos iniciados de oficio;
  • impugnación de convenios y de estatutos sindicales;
  • tutela de derechos fundamentales;
  • anulación de laudos e impugnación de acuerdos de conciliación, mediación y transacción;
  • trabajo a distancia (art. 138 bis);
  • acciones de protección contra la violencia de género.
• También están exceptuados (art. 64.2):
  • los procesos en que la representación corresponda al Abogado del Estado, al Letrado de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes de CCAA o entidades locales o al Letrado de las Cortes Generales;
  • los casos en que haya que ampliar la demanda a personas distintas de las inicialmente demandadas.
• Efectos de la solicitud (art. 65):
  • Interrumpe la prescripción y suspende la caducidad desde su presentación.
  • El cómputo se reanuda al día siguiente de intentada la conciliación o pasados quince días hábiles sin celebrarse.
  • Transcurridos treinta días hábiles sin conciliación o sin mediación iniciada o acuerdo, el trámite se tiene por cumplido.
  • El compromiso arbitral produce los mismos efectos.
  • La acción de impugnación de laudos caduca en treinta días hábiles desde su notificación (art. 65.4).
• Asistencia obligatoria (art. 66):
  • Si no comparece el solicitante sin justa causa, se tiene por no presentada la papeleta y se archiva.
  • Si no comparece la otra parte, la conciliación se tiene por intentada sin efecto. Si la sentencia coincide esencialmente con la papeleta, se le imponen las costas, incluidos honorarios de letrado o graduado social de la contraria hasta 600 euros.
• Impugnación del acuerdo (art. 67):
  • Quiénes: las partes, por las causas que invalidan los contratos; los perjudicados, por ilegalidad o lesividad.
  • Caducidad: treinta días hábiles desde el acuerdo; para los perjudicados, desde que pudieron conocerlo.
• Ejecutividad (art. 68): lo acordado en conciliación o mediación es título ejecutivo sin necesidad de ratificación judicial. Los laudos firmes se equiparan a sentencias firmes.

Vía administrativa previa (arts. 69 a 73)

• Para demandar al Estado, CCAA, entidades locales o entidades de Derecho público dependientes hay que agotar la vía administrativa cuando proceda (art. 69.1).
• Una notificación incompleta (sin recursos, órgano o plazo) mantiene suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción.
• Plazos para demandar:
  • En general, dos meses desde el agotamiento de la vía (art. 69.2).
  • En despido y demás acciones de caducidad, veinte días hábiles o el plazo especial aplicable (art. 69.3).
• Excepción (art. 70): la tutela de derechos fundamentales frente a actos de la Administración en materia laboral y sindical no exige agotar la vía. Se demanda en veinte días. En caso de inactividad, vía de hecho o recurso potestativo, los veinte días empiezan pasados otros veinte.
• Reclamación previa en prestaciones de Seguridad Social (art. 71):
  • Obligatoria, salvo para impugnar el alta médica acordada al agotarse los 365 días de incapacidad temporal.
  • Interposición: plazo de treinta días desde la notificación o desde el silencio, ante el órgano que resolvió. En las altas médicas sujetas a reclamación, once días.
  • Respuesta: la entidad contesta en cuarenta y cinco días; si no, se entiende denegada. En altas médicas, siete días.
  • Demanda: treinta días desde la denegación. En altas médicas, veinte días.
• Vinculación (art. 72): en el proceso no pueden introducirse variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de la vía previa, salvo hechos nuevos.
• Efectos (art. 73): la reclamación previa interrumpe la prescripción y suspende la caducidad.