LO 4/2015 de seguridad ciudadana

1. Disposiciones generales

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), sustituyó a la LO 1/1992.

• La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado (art. 1.1).
• Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas. Quedan fuera las normas ordinarias de espectáculos y los regímenes de seguridad aérea, marítima, ferroviaria o vial, y se salvaguardan la defensa nacional y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 2).
• Fines (art. 3): proteger el libre ejercicio de los derechos; garantizar el normal funcionamiento de las instituciones; preservar la seguridad y convivencia; proteger a las personas y bienes, con especial atención a menores y personas con discapacidad; la pacífica utilización de las vías públicas; la normalidad de los servicios básicos; prevenir delitos e infracciones, y la transparencia.
• Principios rectores (art. 4): legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, con control administrativo y jurisdiccional. Las normas sobre intervenciones y sanciones se interpretan del modo más favorable a los derechos fundamentales, especialmente los de reunión y manifestación, expresión, información, libertad sindical y huelga. La intervención se justifica por una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso.

Autoridades (art. 5)

En la Administración General del Estado: el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los titulares de los órganos directivos con esa condición, los Delegados del Gobierno en las comunidades y en Ceuta y Melilla, y los Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares. También las autoridades de las comunidades con policía propia y, en su ámbito, las locales.

Deber de colaboración (art. 7)

• Todas las autoridades y funcionarios deben colaborar y comunicar inmediatamente los hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana.
• Se puede pedir ayuda a los particulares, sobre todo en calamidades o catástrofes, siempre que no implique riesgo personal; los daños se indemnizan.
• La seguridad privada tiene un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Documentación e identificación personal

El DNI (arts. 8-10)

• Los españoles tienen derecho a que se les expida. Es un documento público y oficial y el único con suficiente valor por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular (art. 8.1).
• Contiene fotografía y firma; nunca datos sobre raza, religión, ideología, discapacidad, orientación sexual o afiliación política o sindical (art. 8.2).
• Permite la identificación y firma electrónica a los mayores de edad con plena capacidad y a los menores emancipados (art. 8.3).
• Es obligatorio a partir de los catorce años; es personal e intransferible; su titular debe mantenerlo en vigor y custodiarlo, y no puede ser privado de él, ni temporalmente, salvo sustitución por otro documento (art. 9.1).
• Hay que exhibirlo cuando lo requieran la autoridad o sus agentes, y denunciar su sustracción o extravío cuanto antes (art. 9.2).
• Su expedición es competencia exclusiva del Ministerio del Interior, que la ejerce por la Dirección General de la Policía; está sujeta a tasa (art. 10).

El pasaporte (arts. 11-12)

• Acredita fuera de España la identidad y nacionalidad de los españoles y, dentro, la de los españoles no residentes (art. 11.1).
• Solo puede denegarse: si hay condena a penas o medidas privativas de libertad no extinguidas (salvo autorización judicial), retirada judicial del pasaporte, libertad vigilada con prohibición de salir de España o prohibición judicial de salida del menor o persona con capacidad modificada (art. 11.2).
• Los menores o tutelados necesitan el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad o tutela o, en su defecto, del juez (art. 11.3).
• Lo expide la Dirección General de la Policía en España y las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero (art. 12).

Extranjeros (art. 13)

Tienen el derecho y la obligación de conservar y portar su documentación de identidad y la que acredite su situación regular. No pueden ser privados de su documentación de origen, salvo en investigaciones judiciales penales, y deben exhibirla cuando se les requiera.