Régimen disciplinario en la Justicia

1. Marco normativo y ámbito

El régimen disciplinario de los funcionarios de los Cuerpos Generales (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial) se regula en dos niveles:

• LOPJ, Libro VI, Título IX («Responsabilidad disciplinaria», arts. 534 a 540), redactado por la LO 19/2003 y modificado por la LO 7/2015.
• Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, que aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia (42 artículos). Entró en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE.

Las CCAA con traspasos pueden dictar disposiciones complementarias, que deben respetar el Reglamento (art. 1 RD 796/2005). En lo no previsto, se aplica supletoriamente la normativa disciplinaria de los funcionarios de la AGE y la ley de procedimiento administrativo común (disposición final única del Reglamento).

Ámbito subjetivo (art. 2 RD 796/2005): funcionarios de carrera de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal, Auxilio Judicial, Médicos Forenses y los tres cuerpos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio); también los interinos que desempeñen funciones de esos cuerpos y los funcionarios en prácticas. La LOPJ extiende la responsabilidad disciplinaria también a los Letrados de la Administración de Justicia (art. 534.1 LOPJ), aunque estos tienen su propio reglamento orgánico.

2. Principios y garantías

Responsables (art. 534.2 LOPJ; art. 10 RD)

Además de los autores, responden los superiores que consintieren y quienes indujeran o encubrieran faltas muy graves y graves, cuando de ello se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.

Derechos del expedientado (art. 535 LOPJ; art. 3 RD)

Además de los derechos generales del interesado en el procedimiento administrativo:

1. Presunción de inocencia.
2. Ser notificado del nombramiento de instructor y secretario y a recusarlos.
3. Ser notificado de los hechos imputados, la infracción, las posibles sanciones y la resolución sancionadora.
4. Formular alegaciones.
5. Proponer pruebas.
6. Actuar asistido de letrado o de los representantes sindicales que determine.

Otros principios: proporcionalidad entre falta y sanción; no se aplican preceptos más restrictivos que los del Reglamento; y no se exige responsabilidad por hechos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario (art. 3 RD).

Concurrencia con el proceso penal (art. 534.4-5 LOPJ; art. 4 RD)

• Si aparecen indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal (el instructor lo comunica a la autoridad que ordenó la incoación, que da traslado al Fiscal).
• El proceso penal no impide iniciar el expediente por los mismos hechos, pero no se dicta resolución hasta la sentencia firme o el auto de sobreseimiento firme.
• Los hechos probados en vía penal vinculan a la Administración, sin perjuicio de su distinta calificación jurídica.
• Non bis in idem: solo cabe sanción penal y disciplinaria por los mismos hechos si no hay identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido.

Comunicaciones sindicales (art. 5 RD)

Si el expedientado es delegado sindical, delegado de personal o cargo electivo sindical, la incoación se notifica a la sección sindical, junta de personal o central, para que sean oídas; también si se incoa dentro del año siguiente al cese en esa condición o si es candidato en período electoral. A los afiliados se les notifica al sindicato y a la junta de personal, y a los no afiliados a la junta de personal, salvo oposición del funcionario.