Torturas, trata y relaciones familiares

1. Torturas y otros delitos contra la integridad moral (título VII, arts. 173-177)

El bien jurídico protegido es la integridad moral: el derecho a ser tratado como persona y no como cosa, reconocido en el art. 15 CE, que prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. Es un título de especial importancia para los agentes de la autoridad, que pueden ser sujetos activos de varios de sus delitos.

Trato degradante y acoso (art. 173.1)

Se castiga con prisión de seis meses a dos años:

• infligir a otra persona un trato degradante que menoscabe gravemente su integridad moral;
• ocultar de modo reiterado a los familiares el paradero del cadáver de una persona;
• el acoso laboral o funcionarial (mobbing): actos hostiles o humillantes reiterados, aprovechando una relación de superioridad, que supongan grave acoso;
• el acoso inmobiliario: actos hostiles reiterados para impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Violencia habitual en el ámbito familiar (art. 173.2)

• Conducta: ejercer habitualmente violencia física o psíquica sobre:
  • el cónyuge o expareja, aun sin convivencia;
  • descendientes, ascendientes o hermanos;
  • menores o personas con discapacidad que convivan con el autor;
  • otras personas integradas en el núcleo familiar;
  • personas vulnerables custodiadas en centros.
• Penas: prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, inhabilitación para la patria potestad. Todo ello sin perjuicio de las penas por los concretos actos de violencia.
• Habitualidad (art. 173.3): se atiende al número de actos acreditados y a su proximidad temporal, con independencia de que la violencia se ejerza sobre la misma o distinta víctima y de que esos actos hayan sido o no enjuiciados.

Tortura (art. 174)

• Sujeto activo: comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, somete a una persona a condiciones o procedimientos que le causen sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de otro modo atenten contra su integridad moral.
• Finalidades:
  • obtener una confesión o información;
  • castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido;
  • cualquier razón basada en la discriminación.
• Penas:
  • prisión de dos a seis años si el atentado es grave y de uno a tres si no lo es;
  • en todo caso, inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
• Funcionarios de prisiones y centros de menores: incurren en las mismas penas cuando cometen estos actos sobre detenidos, internos o presos.

Otros atentados del funcionario contra la integridad moral (art. 175)

• Conducta: la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo y fuera de los casos de tortura, atente contra la integridad moral de una persona. Es decir, sin la finalidad específica de la tortura.
• Penas: prisión de dos a cuatro años si el atentado es grave y de seis meses a dos años si no lo es. Además, en todo caso, inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

Comisión por omisión del funcionario (art. 176)

La autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permite que otras personas cometan torturas u otros atentados contra la integridad moral recibe las mismas penas que el autor. Es una comisión por omisión expresamente tipificada: el agente que presencia malos tratos a un detenido y no los impide responde como si los cometiera.

Concurso (art. 177)

Si, además del atentado a la integridad moral, se produce lesión o daño a la vida, la integridad física, la salud, la libertad sexual o los bienes, los hechos se castigan por separado.

2. La trata de seres humanos (título VII bis, art. 177 bis)

Tipo básico (art. 177 bis.1)

• Pena: prisión de cinco a ocho años.
• Lugar: en territorio español, desde España, en tránsito o con destino a ella.
• Medios:
  • violencia, intimidación o engaño;
  • abuso de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima;
  • entrega o recepción de pagos para lograr el consentimiento de quien controla a la víctima.
• Acciones: captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a la víctima, incluido el intercambio o transferencia de control.
• Finalidades:
  • a) trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre o mendicidad;
  • b) explotación sexual, incluida la pornografía;
  • c) explotación para realizar actividades delictivas;
  • d) extracción de órganos;
  • e) matrimonios forzados.
• Situación de necesidad o vulnerabilidad: existe cuando la persona no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.

Reglas especiales

• Menores (art. 177 bis.2): si la víctima es menor de edad, hay trata aunque no se emplee ninguno de los medios anteriores.
• Consentimiento irrelevante (art. 177 bis.3): el consentimiento de la víctima es irrelevante si se ha empleado alguno de los medios.
• Agravantes: pena superior en grado:
  • si se pone en peligro la vida o la integridad de la víctima;
  • si la víctima es especialmente vulnerable o menor;
  • si su vulnerabilidad deriva de un conflicto armado o una catástrofe humanitaria;
  • si el autor se prevale de su condición de autoridad, agente o funcionario, con inhabilitación absoluta de seis a doce años;
  • si pertenece a una organización de más de dos personas.
• Actos preparatorios (art. 177 bis.8): se castigan la provocación, la conspiración y la proposición.
• Concurso (art. 177 bis.9): las penas se imponen sin perjuicio de las del tráfico ilegal de inmigrantes (art. 318 bis) y las de la explotación efectivamente cometida.
• Reincidencia internacional (art. 177 bis.10): las condenas extranjeras por trata producen efectos de reincidencia.
• Excusa absolutoria (art. 177 bis.11): la víctima de trata queda exenta de pena por los delitos que haya cometido en la situación de explotación, si fueron consecuencia directa de la violencia, intimidación, engaño o abuso y hay proporcionalidad.

Trata y tráfico de inmigrantes: diferencias

• Trata (art. 177 bis):
  • es un delito contra la persona (su dignidad y libertad);
  • persigue la explotación;
  • puede ser interna, sin cruzar fronteras;
  • la víctima no consiente o su consentimiento está viciado.
• Tráfico ilícito de inmigrantes (art. 318 bis):
  • es un delito contra los derechos de los extranjeros y el control de fronteras;
  • consiste en ayudar a entrar, transitar o permanecer ilegalmente, normalmente con ánimo de lucro;
  • el migrante consiente;
  • siempre implica cruzar fronteras.